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15/06/2015

La RAD apoya el proyecto de creación de una nueva Agencia de Control de Armas

Un hecho histórico se vivió el jueves 11 de junio en la Cámara de Diputados de la Nación: cuatro comisiones llegaron a un total consenso y firmaron un dictamen para crear la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que reemplazará al Registro Nacional de Armas (Renar).
Los legisladores de Seguridad Interior, Justicia, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda unificaron tres proyectos, uno de la Coalición Cívica, otro del Frente para la Victoria y otro de La Cámpora. Acompañaron el dictamen, con su voto, los representantes de la UCR, Pro y el socialismo.
El cambio más importante es que se dejará atrás el actual sistema de financiamiento a través de la venta de formularios y aranceles (administrado por la cámara que agrupa a los fabricantes y vendedores de armas): la Anmac contará con una partida propia en el presupuesto nacional. Este punto da respuesta a un viejo reclamo de la Red Argentina para el Desarme (RAD) y está en sintonía con lo que había expresado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en abril pasado, durante la inauguración del nuevo depósito de armas y materiales controlados del Renar, en San Martín. Entonces, la presidenta había pedido al Congreso reemplazar el “viejo y obsoleto” Renar por una “agencia nacional” para que “la política en materia de portación y tenencia de armas” sea “una política nacional controlada por el Estado”.
La RAD, en consonancia con la postura que sostiene desde hace una década y que ya había expresado en numerosas oportunidades a las autoridades nacionales, dijo a los diputados: "La actual organización y estructura del RENAR, concebida para la actividad registral, ha demostrado ser insuficiente para dar solución a los problemas vinculados a la prevención de la violencia armada. Por ese motivo demandamos la jerarquización del actual organismo y su transformación en un verdadero órgano de control. Como se ha demostrado en los últimos años, a la luz del problema de las armas en la vida cotidiana y su incidencia en la violencia, se necesita una institución capaz de llevar adelante una política integral en materia de armas de fuego, atendiendo tres aspectos claves: el control del mercado legal de armas; la persecución del mercado ilegal y prevención del uso y la violencia con armas de fuego".
En cuanto a la necesidad de dejar atrás la administración financiera del organismo en manos de la asociación que agrupa a fabricantes y vendedores de armas (Aicacyp), la RAD sostuvo: "Actualmente, el RENAR se financia a través del cobro de formularios y aranceles que pagan los usuarios del registro. Esto conlleva incentivos negativos para el ejercicio de una verdadera política de control. Pero además, lo recaudado es administrado por un ente cooperador a cargo de los fabricantes y comerciantes de armas (AICACYP), lo cual representa un flagrante conflicto de interés. La reforma institucional del RENAR no es tal si no se deroga la ley que permite este sistema de cooperación técnico financiera (ley 23.979), absolutamente incompatible con un organismo con funciones de control. Así lo reconoció la presidenta de la Nación el 27 de abril de este año en el acto de inauguración de un nuevo depósito de armas, y por esta razón solicitó que el Congreso de la Nación se aboque a la sanción de una ley que enmiende esta situación".
El dictamen de consenso reunió en un solo proyecto los argumentos centrales de tres propuestas legislativas: una de de “Wado” De Pedro, Marcos Cleri, Anabel Fernández Sagasti, Mayra Mendoza y María Luz Alonso (todos de La Cámpora), otra de Pablo Javkin y Fernando Sánchez (Coalición Cívica) y una tercera de María del Carmen Bianchi, Jorge Rivas, Nora Bedano, Andrés Arregui, Verónica Magario y Mario Oporto (FpV).
Según se destacó en El Parlamentario, la iniciativa “fortalece” los mecanismos de “control y fiscalización” y a “institucionalizar la política de control y reducción de armas de fuego”; así lo afirmó el actual director del Renar, Matías Molle, ante el plenario.
El funcionario del Gobierno dijo que desde 2003 en adelante el Estado reconoció como un “problema” la tenencia de armas en manos de civiles, frente a lo cual se planteó cuatro objetivos: restringir la oferta y la circulación de armas; invertir en un registro tecnológico; mayor cooperación interinstitucional entre el Estado nacional y las provincias y entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; y la actualización legislativa.
Ponderó en particular el programa de entrega voluntaria de armas iniciado en 2007 en conjunto con la RAD: contó que se destruyeron 300.000 armas de civiles en los últimos años, de las cuales que el 80% era de origen nacional y el 94%, de uso civil.
“Hoy el mercado se encuentro amesetado, pero esperamos que vaya decreciendo”, dijo al respecto.
En relación al registro de tenencia de armas, Molle informó que en 2003 se contabilizaron 8800 permisos de portaciones civiles. El número, dijo, paso a 436 en 2014 y a 215 en lo que va de 2015. “El plan de desarme fue premiado por la ONU en 2013”, subrayó.
El respaldo de todos los bloques políticos al proyeto fue contundente. “Esto demuestra que no somos una oposición necia. Que cuando el oficialismo hace cosas buenas, desde la oposición acompañamos”, celebró Margarita Stolbizer, antes de estampar su firma en el dictamen. La precandidata presidencial por UNEN destacó el plan de desarme y la iniciativa de la Argentina a nivel mundial, retomada por la ONU. “La Argentina ha sido consecuencia con esta política tanto en el plano nacional como en el mundial”, afirmó, al tiempo que destacó que “el avance más importante” del proyecto consensuado es la eliminación del ente cooperador de empresas que administra el financiamiento del sector".
“La Agencia deja de ser financiada por los controlados”, destacó en el mismo sentido el camporista Marcos Cleri.
En nombre de la UCR, el mendocino Luis Petri anticipó un dictamen en disidencia parcial por considerar que la nueva ANMAC debería ser controlada por el Congreso. “Hay control social”, le respondió la kirchnerista María del Carmen Bianchi.
Para Fernando Sánchez, la iniciativa es parte de una “política absolutamente necesaria para bajar la violencia y la delincuencia”.
De acuerdo al dictamen, la nueva Agencia tendrá como misión “la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias y modificatorias y demás normativa de aplicación, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones que se le asignen por la presente ley”.
Además crea un Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada financiado por el Estado, que deberá usarse en “programas tendientes a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego, reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego, sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas y promoción de la resolución pacífica de conflictos”.
También deberá financiar “capacitaciones a instituciones de la educación” para prevenir la violencia armada y “promover de una cultura de paz”, así como “programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias, entre otros aspectos vinculados a la materia que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas”.

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